Reforma Constitucional en Derechos Humanos: Avances y Retos

Comisión Mexicana de Derechos Humanos     La Comisión Mexicana de Derechos Humanos, reconoce los indiscutibles avances en materia de derechos humanos que se han alcanzado con la Reforma Constitucional. Somos conscientes que no estamos ante la reforma ideal; sin embargo, hay mejoras importantes que no pueden pasarse por alto. Entre los elementos positivos a considerar: el término "Derechos Humanos" sustituye al anterior "Garantías Individuales". A pesar de los logros alcanzados en el reconocimiento y respeto a los derechos humanos, hay otras modificaciones que legítimamente preocuparon a la sociedad y pueden representar riesgos y confrontación en torno a la interpretación y aplicación de estos derechos.              Ante las constantes dudas, inquietudes y declaraciones manifestadas por diversos sectores de la sociedad en torno a la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, organismo de la sociedad civil, y primera organización en esta materia en nuestro País, hace pública su postura respecto a esta Reforma aprobada ya en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados.   AVANCES La CMDH reconoce los indiscutibles avances en materia de derechos humanos que se han alcanzado con la Reforma Constitucional. Acción trascendental, pues es la reforma en derechos humanos más importante en nuestro país desde el Constituyente de 1917.   En la CMDH somos conscientes que no estamos ante la reforma ideal; sin embargo, hay mejoras importantes que no pueden pasarse por alto. Entre los elementos positivos a considerar, señalamos los siguientes:   El término "Derechos Humanos" sustituye al anterior "Garantías Individuales"; esto es, antes de esta reforma, era el Estado quien otorgaba a la sociedad una serie de prerrogativas denominadas "garantías". Ahora, con la actual modificación, el Estado reconoce los derechos humanos como algo inherente a la persona humana, además de que otorga las garantías que los hará eficaces.   Los derechos humanos contenidos tanto en la Constitución Política como en los Tratados Internacionales firmados y ratificados por México, serán plenamente reconocidos, una vez que termine el proceso legislativo con la aprobación de la mayoría de los congresos estatales. Adicionalmente a lo ya dicho, destacamos que: Se plasma claramente el reconocimiento de los derechos humanos como inherentes a la persona humana, (y de acuerdo al Pacto de San José se entiende por persona a todo ser humano); Se incorpora el principio "pro homine", que establece que cuando son aplicables a un caso dos disposiciones jurídicas, se elegirá la que resulte más favorable a los derechos de la persona, incluso si esta disposición es de menor jerarquía. A partir de esta reforma no podrá restringirse, salvo en casos graves y previstos en la Constitución, el pleno ejercicio de los derechos humanos. Además, de llegar a darse el caso, se enuncia explícitamente un catálogo de los derechos que no pueden restringirse ni suspenderse,  entre otros: el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia, a las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; los derechos del niño, las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos y la prohibición de la pena de muerte. Así mismo, se prohíben la desaparición forzada y la tortura. Se establece como principio rector de la educación, del sistema penitenciario y de la política exterior, la perspectiva de derechos humanos; Se prohíbe celebrar tratados que alteren los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados donde México sea parte. Se incluye el derecho de audiencia previo a  la expulsión de extranjeros. Se fortalece el proceso de los organismos públicos de derechos humanos, ya que las autoridades o servidores públicos que reciban una "recomendación" y no quieren aceptarla o no la cumplan tendrán que "fundar, motivar y hacer pública su negativa" además, en estos casos, la Cámara de Senadores o las legislaturas estatales, según corresponda, podrán llamar a comparecer a las autoridades o servidores públicos responsables. Se establece y garantiza la autonomía de las comisiones de derechos humanos de los estados y en el D.F. Y se otorga la facultad para que la CNDH pueda interponer acciones de inconstitucionalidad cuando se viole, no solamente la Constitución, sino los tratados en materia de derechos humanos de los que México es parte.     RETOS La CMDH es consciente que, a pesar de los logros alcanzados en el reconocimiento y respeto a los derechos humanos, hay otras modificaciones que legítimamente preocuparon a la sociedad y pueden representar riesgos y confrontación en torno a la interpretación y aplicación de estos derechos. El punto más discutido de la reforma constitucional fue la modificación subrepticia, por parte de la diputada del PRD Enoé Uranga, del texto en materia de no discriminación, para que el concepto de "preferencias" se restringiera a las "sexuales". Senadores del PAN –no así los diputados del PAN- y no pocas voces de la sociedad civil protestaron al respecto, señalando los graves desórdenes derivados de una redacción confusa que pudiera ir más allá del derecho a la no discriminación, y que diera pié a la legitimación de conductas ilícitas que se esgrimen como preferencias. La Comisión Mexicana de Derechos Humanos considera que el término "preferencias sexuales" no era necesario para velar por la no discriminación de quienes tienen conductas LGBT. Afirmamos que esas personas tienen los mismos derechos humanos que todos por ser de la misma naturaleza humana. Reiteramos que el concepto no significa el otorgamiento de privilegios especiales por encima de la ley, ni permitir conductas sexuales delictivas. El concepto de preferencias sexuales se refiere a participantes adultos capaces; es decir, quedan excluidas las prácticas sexuales que se realicen por mayores de edad con menores de edad o con adultos en estado de interdicción o que no comprendan cabalmente la conducta realizada.   Recordamos que la relación hombre-mujer, heterosexual, como base natural del matrimonio civil reconocida en tratados internacionales, legislaciones locales de todas las tendencias en todos los países del mundo, es la preferencia histórica y mayoritaria de la humanidad, que deberá ser respetada y defendida.   Respecto al argumento de que a partir del término "preferencias sexuales" el concepto de familia puede ser afectado gravemente, es importante precisar que a partir de los tratados internacionales firmados y ratificados por México – por ejemplo, el artículo 17 del Pacto de San José-, se entiende por familia, aquella conformada por un hombre y una mujer, y que es deber del Estado protegerla; lo cual no implica en manera alguna un acto de discriminación a relaciones de otro tipo.   Lamentamos que la redacción aprobada originalmente por el Senado de la República y contenida en la minuta enviada a la Cámara de Diputados, se haya eliminado el concepto de libertad religiosa por iniciativa del diputado Emilio Chuayffet, del PRI, que canceló la oportunidad de reconocer de manera explícita en la Constitución un derecho humano consagrado en tratados internacionales y cuya vigencia se ha eludido de manera sistemática en nuestro país.   Otros puntos dentro de la reforma también necesitan un análisis serio, a fin de perfeccionarlos, ya que existen una serie de dudas y defectos técnicos que pueden dar origen a diversas interpretaciones; por lo que las leyes y modificaciones que serán emitidas, según marcan los artículos transitorios de esta reforma, deberán superar las ambigüedades que se presentan y evitar una babel de derechos humanos.     EL GRAN RETO PARA LOS DERECHOS HUMANOS La reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos representa un paso histórico en la defensa de la dignidad de la persona; sin embargo, también abre la puerta a una serie desafíos que la sociedad mexicana deberá afrontar para continuar con los avances necesarios respecto a los derechos humanos:   El reto a la sociedad en general, es superar ideologías en la búsqueda del bien común, dejar atrás rencores y anteponer el diálogo verdadero entre las diferentes posturas y puntos de vista, con miras al respeto irrestricto de los derechos humanos.   El reto de grupos y activistas para que, en miras del bien común, comprendan que la familia –célula básica de la sociedad- que deber ser protegida, promovida por el Estado y reconocida como sujeto social. Protección que deberá ser mayor cuando porque ha quedado incompleta y/o vive en situación de pobreza, requiere de ayuda social y gubernamental. Ningún grupo puede estar por encima de ella, sin que ello signifique un acto discriminatorio.   El reto del Ejecutivo, para que en sus diferentes niveles conozcan sus obligaciones, de tal forma que se prevenga la violación de los derechos humanos y se garanticen los mismos.   El reto del Poder Judicial, para el conocimiento pleno y profundo de estos derechos a nivel internacional y la aplicación de los mismos en sus juicios de valor y sentencias.   El reto del Legislativo, para que continúe en el conocimiento y estudio con honestidad intelectual, de los tratados internacionales para la elaboración y perfeccionamiento de las leyes que brinden la protección plena en materia de derechos humanos.   El reto de cada habitante de México de estudiar y hacer suyos los deberes correlativos que tiene para con su familia, su comunidad y la humanidad en general, sabiendo que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.( Art 32 del Pacto de San José).   El reto de unir esfuerzos con quienes legítima y honestamente protestan porque la iniciativa de reforma constitucional es incompleta y deficiente, para que orienten sus esfuerzos en una lucha constructiva y no en contra de quienes con responsabilidad aceptamos apoyar esta reforma, con miras a lograr el mayor bien posible.   El reto de comprender como sociedad, que los derechos humanos son precisamente el espacio natural de diálogo para buscar una orientación precisa de cara al bien común, con nuestra obligación de proteger al más débil.   El proceso de discusión y aprobación de la reforma en las entidades federativas debe ser ocasión propicia para que todos los mexicanos estudiemos y profundicemos en la naturaleza de los derechos humanos como base ética objetiva de las relaciones en el Estado a partir de la dignidad de la persona y no una moda efímera o mercancía de cambio o negociación de quienes tienen poder electoral o financiero.