Fuente: Yoinfluyo
Autor: José J. Castellanos
Desde la introducción de la "perspectiva de género" como una orientación de revanchismo sexista por parte de las mujeres, no sólo para alcanzar la justa equidad y el respecto a su dignidad, sino como una forma de "empoderamiento" para revertir el dominio masculino sobre la mujer, se ha producido una serie de cambios culturales y jurídicos que no dejan de sorprender.
Muchos de ellos, con aparente inocencia y afán de justicia, en el fondo ocultan una ideología perversa que se vuelve contra la dignidad de todas las personas e impulsa genocidios que en el pasado hubieran sido inconcebibles, pero contra los cuales no se habla porque sería "políticamente incorrecto".
Este feminismo radical ha sido impulsado desde la ONU, por ONG’s financiadas desde el exterior, por la izquierda radical y, lamentablemente, por algunas mujeres ingenuas que hoy son compañeras de viaje de quienes las arrastran a peticiones absurdas.
Es este feminismo el que ha impulsado la agenda a favor del aborto en todas sus modalidades y a él se debe la autorización para matar a los bebés de hasta 12 semanas de gestación y la despenalización del aborto por otras causas en la legislación del DF.
El hecho de que no se haya validado la controversia constitucional interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, generó un movimiento nacional de protección a la vida de los infantes. Además, se hicieron reformas en las Constituciones locales de 13 estados de la República para proteger la vida desde el momento de la concepción y en otros cinco se encuentra en trámite.
Esto, por supuesto, ha indignado a las feministas, que han iniciado un proceso de "alerta de violencia de género" contra el Estado de Guanajuato –que después se repetiría contra los demás estados–, pues consideran que existe un "agravio comparado".
Esto porque la legislación penal en Guanajuato, que define el aborto como "la muerte provocada del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez", difiere de las disposiciones del DF, donde se le considera como "la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación".
Para ello, encabezadas por el "Centro de Derechos Humanos Victoria Díez", unas cuantas organizaciones feministas se movilizaron para solicitar al Instituto Nacional de las Mujeres, que preside Rocío García Gaytán, para condenar a dicho estado por proteger la vida humana desde el momento de la concepción.
A estas feministas les ha dolido que ahora el artículo 1 de la Constitución local, señale: "En el Estado de Guanajuato todas las personas gozan de la protección que les otorgan las garantías establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por esta Constitución y sus Leyes Reglamentarias. Para los efectos de esta Constitución y de las leyes que de ella emanen, persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. El Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos (Párrafo reformado. P.O. 26 de mayo de 2009)."
"Queda prohibido todo tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana, o contra los derechos y libertades de la persona con motivo de su origen étnico, nacionalidad, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra circunstancia, calidad o condición".
Por ello las feministas quieren sentar en el banquillo de los acusados al Estado de Guanajuato, su Constitución y su Código Penal, pues afirman que se trataría, casi, casi, de un feminicidio.
La alerta de género que se enuncia en los artículos 22 al 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia, pretende: "Garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos".
Se aplicaría cuando exista un conjunto de "acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad".
El fondo del problema es que a estas feministas les resulta poco que existan causales de no imputabilidad penal a las mujeres que abortan, sino que quieren dar una vuelta de 180 grados al derecho y pretenden que ahora el aborto –la muerte a un ser humano (hombre o mujer) en proceso de gestación– sea un "derecho humano". Como tal lo invocan para condenar a quien defiende la vida desde el momento de la concepción.
Corresponderá al subsecretario Daniel Francisco Cabeza de Vaca, por cierto guanajuatense, ser quien presida la sesión en donde los institutos de las mujeres de todo el país y algunas dependencias federales, como SEDESOL, la Secretaría de Seguridad Pública, la propia PGR, la Secretaría de Salud, la SEP y la Secretaría del Trabajo –de un gobierno panista que se ha declarado a favor de la vida y en contra del aborto– se suman a este absurdo que carece de sustento moral y jurídico, pero que forma parte de la agenda contra la vida del feminismo radical en el mundo.
Las feministas radicales recurren a una verdadera violencia de género para acosar a los hombres y otras mujeres a asumir sus posiciones y, de no hacerlo, condenarlos. Eso es algo que no debemos permitir, por el bien de la propia mujer.
Autor: José J. Castellanos
Desde la introducción de la "perspectiva de género" como una orientación de revanchismo sexista por parte de las mujeres, no sólo para alcanzar la justa equidad y el respecto a su dignidad, sino como una forma de "empoderamiento" para revertir el dominio masculino sobre la mujer, se ha producido una serie de cambios culturales y jurídicos que no dejan de sorprender.
Muchos de ellos, con aparente inocencia y afán de justicia, en el fondo ocultan una ideología perversa que se vuelve contra la dignidad de todas las personas e impulsa genocidios que en el pasado hubieran sido inconcebibles, pero contra los cuales no se habla porque sería "políticamente incorrecto".
Este feminismo radical ha sido impulsado desde la ONU, por ONG’s financiadas desde el exterior, por la izquierda radical y, lamentablemente, por algunas mujeres ingenuas que hoy son compañeras de viaje de quienes las arrastran a peticiones absurdas.
Es este feminismo el que ha impulsado la agenda a favor del aborto en todas sus modalidades y a él se debe la autorización para matar a los bebés de hasta 12 semanas de gestación y la despenalización del aborto por otras causas en la legislación del DF.
El hecho de que no se haya validado la controversia constitucional interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, generó un movimiento nacional de protección a la vida de los infantes. Además, se hicieron reformas en las Constituciones locales de 13 estados de la República para proteger la vida desde el momento de la concepción y en otros cinco se encuentra en trámite.
Esto, por supuesto, ha indignado a las feministas, que han iniciado un proceso de "alerta de violencia de género" contra el Estado de Guanajuato –que después se repetiría contra los demás estados–, pues consideran que existe un "agravio comparado".
Esto porque la legislación penal en Guanajuato, que define el aborto como "la muerte provocada del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez", difiere de las disposiciones del DF, donde se le considera como "la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación".
Para ello, encabezadas por el "Centro de Derechos Humanos Victoria Díez", unas cuantas organizaciones feministas se movilizaron para solicitar al Instituto Nacional de las Mujeres, que preside Rocío García Gaytán, para condenar a dicho estado por proteger la vida humana desde el momento de la concepción.
A estas feministas les ha dolido que ahora el artículo 1 de la Constitución local, señale: "En el Estado de Guanajuato todas las personas gozan de la protección que les otorgan las garantías establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por esta Constitución y sus Leyes Reglamentarias. Para los efectos de esta Constitución y de las leyes que de ella emanen, persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. El Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos (Párrafo reformado. P.O. 26 de mayo de 2009)."
"Queda prohibido todo tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana, o contra los derechos y libertades de la persona con motivo de su origen étnico, nacionalidad, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra circunstancia, calidad o condición".
Por ello las feministas quieren sentar en el banquillo de los acusados al Estado de Guanajuato, su Constitución y su Código Penal, pues afirman que se trataría, casi, casi, de un feminicidio.
La alerta de género que se enuncia en los artículos 22 al 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia, pretende: "Garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos".
Se aplicaría cuando exista un conjunto de "acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad".
El fondo del problema es que a estas feministas les resulta poco que existan causales de no imputabilidad penal a las mujeres que abortan, sino que quieren dar una vuelta de 180 grados al derecho y pretenden que ahora el aborto –la muerte a un ser humano (hombre o mujer) en proceso de gestación– sea un "derecho humano". Como tal lo invocan para condenar a quien defiende la vida desde el momento de la concepción.
Corresponderá al subsecretario Daniel Francisco Cabeza de Vaca, por cierto guanajuatense, ser quien presida la sesión en donde los institutos de las mujeres de todo el país y algunas dependencias federales, como SEDESOL, la Secretaría de Seguridad Pública, la propia PGR, la Secretaría de Salud, la SEP y la Secretaría del Trabajo –de un gobierno panista que se ha declarado a favor de la vida y en contra del aborto– se suman a este absurdo que carece de sustento moral y jurídico, pero que forma parte de la agenda contra la vida del feminismo radical en el mundo.
Las feministas radicales recurren a una verdadera violencia de género para acosar a los hombres y otras mujeres a asumir sus posiciones y, de no hacerlo, condenarlos. Eso es algo que no debemos permitir, por el bien de la propia mujer.
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