A mediados de la década de los noventa, México enfrentó una de las crisis económicas más virulentas por las que ha atravesado en su historia. Sin embargo, las medidas instrumentadas en el momento por las autoridades financieras permitieron contener y revertir la crisis en un plazo relativamente corto. En la actualidad, la economía mexicana enfrenta nuevos desafíos, resultado esta vez del contagio de una crisis financiera que tuvo su origen en Estados Unidos y en otras economías avanzadas. De nueva cuenta, las autoridades financieras estamos frente a la tarea de diseñar e instrumentar estrategias para mitigar su impacto sobre nuestro país.
La gestación de la crisis en México en 1994-95 México recibió flujos enormes de capital extranjero durante los años previos a la crisis de 1994-95. Esto obedeció, en parte, a las perspectivas favorables que presentaba la economía mexicana después de varios años de estabilización macroeconómica y de la implementación de importantes reformas estructurales.
Además, el proceso de liberalización financiera que se había iniciado en 1988 y un entorno internacional muy propicio, ya que en los países industriales prevalecía una situación de tasas de interés bajas, dieron un impulso adicional a la entrada de capitales. Así, de 1991 a 1993 esas entradas de capital a México alcanzaron un promedio anual de casi 8% del PIB.
Los acontecimientos descritos tuvieron un fuerte impacto sobre la economía mexicana: El tamaño del sistema financiero aumentó considerablemente.
Así, de 1988 a 1994 la relación entre M4, el agregado monetario más amplio, y el PIB, se incrementó en 20 puntos porcentuales.
Las entradas de capital coincidieron con un fortalecimiento de las finanzas públicas y una fuerte demanda de crédito. De esta manera, se produjo un muy rápido crecimiento del crédito bancario al sector privado. De 1988 a 1994, el crédito bancario al sector privado medido como proporción del PIB se cuadruplicó.
Al mismo tiempo, la expansión de la demanda impulsada por una amplia disponibilidad de financiamiento condujo a un fuerte aumento del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. En consecuencia, para 1994 ese déficit representaba ya el 7% con respecto al PIB.
En resumen, la abundante disponibilidad de financiamiento resultó en un elevado nivel de apalancamiento, tanto de empresas, como de hogares e instituciones financieras.
Desafortunadamente, el proceso descrito estuvo acompañado del surgimiento de varios frentes de vulnerabilidad. El creciente déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos fue uno de ellos.
Una visión muy difundida en aquella época era que el déficit externo no podría ser fuente de problemas graves cuando estaba generado por el sector privado y las finanzas públicas mostraban una situación de fortaleza.
[1] Sin embargo, esta perspectiva no ponía suficiente atención en que el déficit con el exterior era financiado en lo principal con capitales de corto plazo bajo un régimen de tipo de cambio semifijo o predeterminado.
El rápido crecimiento del crédito al sector privado en ausencia de mecanismos adecuados de supervisión y regulación bancaria, dio lugar a otro frente de vulnerabilidad. Como resultado de la nacionalización bancaria de 1982, los bancos habían perdido a su personal con mayor experiencia y capacitación.
Tampoco contaban con experiencia en el otorgamiento de crédito al sector privado ya que durante la década de los ochenta la mayor parte del financiamiento bancario se había canalizado al gobierno federal. De esta manera, la amplia disponibilidad de recursos, una competencia intensa entre los bancos recién privatizados por ampliar su participación de mercado y la falta de experiencia y de controles prudenciales y de riesgos suficientes impidieron que el crédito se otorgara de manera más adecuada.
En los bancos, el esquema de incentivos operó también a manera de premiar la toma de riesgos excesivos. Los nuevos banqueros deseaban recuperar en un periodo corto su inversión sin tomar en cuenta el elevado riesgo que estaban asumiendo.
[2]Los problemas se acentuaron por la insuficiente transparencia de las estadísticas oficiales y las prácticas contables de los bancos comerciales, lo cual dificultó una evaluación objetiva de la situación. En ese entorno de vulnerabilidad, el comienzo de un ciclo alcista de las tasas de interés internacionales a partir de febrero de 1994, junto con una situación de incertidumbre política creciente, detonaron la crisis. Los inversionistas cambiaron abruptamente su percepción acerca de las perspectivas de la economía mexicana, lo que dio lugar a salidas masivas de capital. Así, la reversión repentina de los flujos de capital y una depreciación pronunciada del peso frente al dólar ocasionó una crisis profunda en el sector financiero mexicano.
Respuesta de las autoridades ante la crisis
En esa coyuntura, el reto principal para las autoridades fue evitar el colapso del sistema financiero y productivo, y restablecer la confianza de los inversionistas en el país. Debido a la naturaleza de la crisis, la respuesta de política se concentró en dos frentes. En primer lugar, se instrumentaron políticas fiscales y monetarias restrictivas y se adoptó un tipo de cambio flexible; en segundo lugar, se negoció un cuantioso paquete internacional de apoyo que permitió fortalecer la confianza en la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones financieras.
El deterioro del empleo y el alza de las tasas de interés provocaron un fuerte aumento de la cartera vencida en las instituciones de crédito y, por ende, un descenso marcado en los niveles de capitalización de la banca. En respuesta, se ejecutaron diversas medidas para apoyar tanto a los deudores como a los bancos. La finalidad fue prevenir una quiebra generalizada de las instituciones financieras.
Se adoptó a tal fin un enfoque integral, ya que se enfrentaban problemas de liquidez y solvencia con repercusiones sistémicas.
Entre las medidas que se adoptaron destacan las siguientes:
El suministro de liquidez en moneda extranjera a los bancos comerciales para impedir presiones adicionales sobre el tipo de cambio. Un acuerdo de apoyo para deudores de la banca. La compra de cartera en problemas con el fin de fortalecer el capital bancario. La activación de un programa de capitalización temporal para los bancos. Reformas legales para facilitar una recapitalización efectiva de la banca. Con ese fin se reforzaron las reglas de capitalización y se permitió una mayor participación de los inversionistas extranjeros en la banca mexicana. La intervención de varias instituciones de crédito.
Las autoridades estaban conscientes de los riesgos que implicaba la estrategia instrumentada. Sin embargo, también había conciencia de que el escenario alternativo de un posible colapso del sistema financiero y una profunda y prolongada recesión conllevaba costos mucho más elevados.
La crisis financiera en Estados Unidos
Desde principios de los años 2000, la situación macroeconómica en Estados Unidos se caracterizó por un déficit elevado en la cuenta corriente. Como proporción del PIB, ese déficit llegó a 6% en 2006. Un entorno internacional de tasas de interés reducidas y abundante liquidez permitió que dichos déficit se financiaran fácilmente con entradas masivas de capital. Lo anterior, combinado entre otros factores, con un proceso de rápida innovación financiera, alimentó una bonanza del crédito.
Las autoridades estadounidenses consideraban que el déficit en cuenta corriente no debería ser fuente de problemas, dado que el rápido crecimiento de la productividad en Estados Unidos y las elevadas utilidades de las empresas hacían de ese país un sitio muy atractivo para la inversión. Asimismo, se pensaba que la gran dimensión de los mercados de capital podría acomodar sin dificultades los llamados desequilibrios globales y que su corrección sería gradual.
Como en el caso de México, el entorno macroeconómico estuvo acompañado de una serie de vulnerabilidades.
Para comenzar, las instituciones financieras en Estados Unidos han operado en un ambiente de excesiva fragmentación en su regulación y supervisión.
La situación se complicó, además, por el hecho de que muchos inversionistas no examinaron a fondo los riesgos implícitos en los activos subyacentes de los productos estructurados en los que estaban invirtiendo. A ello contribuyó también en parte la opacidad en la información financiera y la existencia de criterios contables demasiado laxos.
Las instituciones financieras en Estados Unidos operaron sin el debido cuidado algunos aspectos vitales de sus operaciones crediticias. Sus sistemas de control de riesgos mostraron debilidades importantes y no existía transparencia suficiente respecto a su exposición a productos financieros de alto riesgo.
El llamado modelo de originar y distribuir propició una distorsión importante en los incentivos. Esto último, toda vez que mediante la bursatilización de los préstamos, sus originadores se deshacían del riesgo crediticio, por lo que no compartían las posibles pérdidas futuras. En consecuencia, la motivación principal fue generar el mayor número posible de hipotecas y de otros créditos independientemente de la capacidad de pago de los deudores. Y así, la cartera hipotecaria se deterioró. Los problemas causados por la influencia de incentivos perversos se agravaron con los esquemas de compensación ofrecidos a los ejecutivos del sector financiero, los cuales enfatizaban los resultados de corto plazo sin interiorizar los riesgos asumidos.
Los elevados niveles de apalancamiento existentes y el hecho de que existían partidas muy importantes fuera del balance de las instituciones financieras en los llamados "vehículos especiales" propiciaron una conexión estrecha entre los participantes de la industria. A la postre, este hecho ocasionó un fuerte contagio entre instituciones financieras.
Al exacerbarse los problemas con algunos activos, las instituciones empezaron a cuestionar la fortaleza de sus contrapartes y los problemas se difundieron rápidamente de un segmento relativamente delimitado del mercado a la industria en su conjunto. Las autoridades estadounidenses detectaron algunas de las vulnerabilidades que afectaban al sistema financiero. Sin embargo, no se tomaron en su momento las acciones correctivas requeridas.
Quizás ello haya obedecido, cuando menos en parte, a la creencia de que el marco de supervisión vigente, el funcionamiento de las fuerzas del mercado y la labor de las agencias calificadoras, permitirían una asignación eficiente de los recursos y márgenes adecuados de protección para el sistema financiero. También pudo haber existido una actitud de cierta complacencia por parte de las autoridades, por el hecho de que en años anteriores el sistema financiero se había ajustado sin mayores contratiempos a una serie de choques (entre ellos la crisis asiática, el estallido de la burbuja en el sector de alta tecnología y los ataques terroristas del 11 de septiembre).
El detonador de la crisis fue el desplome en los Estados Unidos de los precios de los bienes raíces. Conforme se incrementaban los incumplimientos de pagos en el mercado de las hipotecas de baja calidad (subprime), afloraron grandes dudas respecto al valor de los activos respaldados por estas hipotecas.
Al reconocerse las pérdidas que causaron, también se observaron quebrantos en otros instrumentos y las dificultades se extendieron a otros países, desencadenando los problemas que han llevado a la situación actual.
La respuesta de las autoridades estadounidenses frente a la crisis ha sido secuencial, respondiendo a los eventos conforme se fueron presentando. En una primera etapa, se consideró que el problema de las hipotecas de baja calidad afectaría solamente a un segmento de los mercados financieros y que el fenómeno no tendría consecuencias sistémicas.
No obstante, las medidas adoptadas resultaron insuficientes y la crisis cobró una fuerza y magnitud inusitadas. A partir de entonces, se han venido reforzando las políticas correspondientes. Entre las acciones adoptadas destacan aquellas orientadas a proveer de liquidez a los mercados financieros, la intervención directa de varias instituciones, programas de apoyo para capitalizar instituciones financieras, el fortalecimiento de los esquemas de garantía para los depósitos bancarios, acuerdos de intercambio de monedas (swap lines) para aliviar los problemas de financiamiento en dólares en otros países y reducciones coordinadas de tasas de interés por parte de los bancos centrales.
Del breve recuento anterior, se pueden destacar varias similitudes entre la crisis de México de 1994-95 y la crisis actual en los Estados Unidos:
Cuantiosas entradas de capital extranjero propiciadas por un ambiente de tasas de interés internacionales bajas y la búsqueda de un mayor rendimiento por parte de los inversionistas. Amplia disponibilidad de recursos que propició un crecimiento desmedido del crédito en un contexto de deficiencias en las prácticas bancarias. Serias deficiencias en los esquemas de supervisión y regulación bancaria. Problemas de opacidad en la información. Incentivos que favorecieron la toma de riesgos excesivos por parte de las instituciones financieras. Crisis financieras caracterizadas por problemas de liquidez y de solvencia de naturaleza sistémica. Intervención directa de las autoridades en varias instituciones financieras. Un entorno político complicado para implementar las medidas requeridas para apoyar al sistema financiero.
En México, los resultados de los esfuerzos para contener a la crisis bancaria de principios de la década de los noventa son prueba del éxito de la estrategia seguida. Sin embargo, los costos fueron elevados, tanto en términos de la caída en el PIB en 1995 y sus consecuencias sobre el empleo y el ingreso de los trabajadores, como en cuanto al monto de recursos fiscales que se tuvieron que comprometer.
Además, durante varios años el sistema bancario no estuvo en posibilidad de apoyar a la actividad económica con montos adecuados de financiamiento.
De hecho, el crédito bancario al sector privado medido como proporción del PIB se ubica en la actualidad por debajo de los niveles registrados en 1994.
[3] Asimismo, la intermediación financiera medida mediante la participación del agregado M4 sobre el PIB, también cayó fuertemente.
El impacto de la crisis financiera de Estados Unidos sobre la economía real de ese país, y el costo fiscal de las medidas implementadas para hacerle frente son aún inciertos. Sin embargo, es de esperarse que sean considerables. La economía estadounidense enfrenta la perspectiva de una recesión profunda y de un periodo prolongado de ajuste en el sector financiero, el cual puede venir acompañado de una menor disponibilidad de financiamiento, estándares más estrictos para el otorgamiento de crédito y una reducción de la intermediación financiera. Así, la crisis podría obstaculizar el logro en ese país de tasas de crecimiento económico adecuadas durante varios años.
Aunque se aprecian muchas similitudes entre la crisis mexicana de mediados de los noventa y la actual en Estados Unidos, también se observan diferencias de consideración. Una de las más importantes reside en que mientras la crisis mexicana no tuvo un efecto de contagio significativo sobre el resto del mundo, la crisis en Estados Unidos está teniendo repercusiones severas sobre la economía mundial. Esto se debe a la magnitud de los desequilibrios fiscal y externo de ese país. La dimensión global de la crisis actual no tiene precedente.
Cabe señalar al respecto a manera de ejemplo que las expectativas de crecimiento económico mundial para 2009 se han ajustado a la baja fuertemente, y que el Fondo Monetario Internacional proyecta que en ese año las economías avanzadas registrarán una contracción por primera vez en el periodo de la posguerra.
Impacto de la crisis en México y otras economías emergentes
En sus etapas iniciales, la turbulencia financiera internacional no afectó en medida importante a las economías emergentes.
Ello se debió fundamentalmente a la baja exposición de sus instituciones financieras a los activos relacionados con el mercado de las hipotecas de baja calidad (subprime) y a otros productos tóxicos. Además, los fundamentos macroeconómicos son mucho más sólidos que durante etapas anteriores de turbulencia. Sin embargo, la situación se modificó de manera radical a partir de la segunda quincena de septiembre.
La quiebra de Lehman Brothers, ocurrida a mediados de ese mes, representó un punto de inflexión, al propiciar el episodio más álgido de pérdida generalizada de confianza en lo que va de la crisis.
Las repercusiones sobre las economías emergentes fueron considerables. Antes, de principios de enero a mediados de septiembre de 2008, el índice EMBI global había aumentado 93 puntos base. En cambio, después de la quiebra de Lehman y hasta el 2 de diciembre, el aumento fue de 432 puntos base.
El contagio de la crisis financiera de las economías avanzadas a las emergentes ha operado a través de dos canales, uno real y otro financiero.
Por el lado real de la economía, el debilitamiento de la actividad económica mundial se ha reflejado en una menor expansión de las exportaciones y en caídas de las remesas familiares. Además, los términos de intercambio de las economías exportadoras de productos primarios se han deteriorado y se ha debilitado la confianza de los inversionistas y consumidores.
En el caso de México, cabe señalar, por ejemplo, que la tasa de crecimiento anual de las exportaciones de manufacturas disminuyó de 10% en octubre de 2007 a 3% en el mismo mes de este año. Las cifras correspondientes para las exportaciones de petróleo, afectadas por el desplome de los precios y del volumen exportado, son respectivamente de 30 y 8%. Por su parte, los ingresos por remesas de trabajadores en el exterior se redujeron en cerca de 2% a tasa anual en el periodo enero-octubre de 2008. Así, el deterioro de la actividad económica mundial y, específicamente, de la estadounidense, propició una disminución considerable en el crecimiento del PIB en el tercer trimestre del año. Además, las proyecciones relativas a la expansión de la actividad económica en el resto de 2008 y en 2009 se han ajustado a la baja de manera importante. Ello explica, en buena medida, la depreciación inicial del tipo de cambio.
Por el lado financiero, la transmisión ha operado principalmente a través de vías indirectas. El incremento sustancial en la percepción de riesgo global ha propiciado la liquidación de posiciones cuantiosas por parte de inversionistas extranjeros en los mercados accionarios y de deuda. Esas conductas han inducido depreciaciones bruscas de los tipos de cambio, desplomes de los mercados accionarios y un incremento de los diferenciales de riesgo en las emisiones de bonos. Las dificultades se han agravado por la demanda de divisas por parte de algunas empresas que habían participado en operaciones con productos derivados. Estos factores dieron lugar a una depreciación adicional considerable del peso mexicano y de otras divisas de economías emergentes.
En consecuencia, la volatilidad del tipo de cambio nominal se incrementó durante octubre a niveles no vistos desde hacía más de una década.
En los países con una participación extranjera importante en el sistema bancario, las necesidades de capital por parte de sus matrices en el exterior se han reflejado en un encarecimiento notable de los créditos otorgados por las filiales.
Adicionalmente, la crisis financiera global ha resultado en una menor disponibilidad y mayor costo del financiamiento en los mercados internacionales, tanto para el gobierno como para bancos y empresas. Así, los diferenciales de riesgo para la emisión de bonos soberanos de México, medidos a través del índice EMBI Global, aumentaron 293 puntos base del 12 de septiembre al 2 de diciembre. En el caso del sector privado, las empresas no financieras son las que han resentido los mayores incrementos en los costos de emisión de deuda. Cabe destacar, sin embargo, que si bien el contagio a las economías emergentes ha sido generalizado, los problemas han sido más acentuados en aquellos países con fundamentos económicos menos sólidos.
Los mercados financieros internos también se han visto afectados por la etapa de turbulencia. El incremento de la aversión al riesgo ha dado lugar a una mayor demanda de bonos gubernamentales de corto plazo y a la venta de bonos de largo plazo, lo que ha propiciado un empinamiento de la curva de rendimientos (revertido recientemente).
Por otra parte, si bien hasta la fecha los bancos en México han cubierto sus necesidades de liquidez mediante el mercado interbancario y las facilidades de liquidez tradicionales del Banco de México, como se verá más adelante, éste ha abierto una nueva facilidad de liquidez para contar con un mecanismo adicional de respuesta. Con respecto a los mercados de deuda del sector privado, el entorno de una percepción de mayor riesgo ha tenido dos consecuencias: un incremento en la participación relativa de los valores de corto plazo en el total emitido y mayores costos en las colocaciones de deuda interna, tanto para el sector financiero no bancario como para las empresas financieras.
La crisis financiera internacional ha agudizado la tendencia a la baja, que ya se venía observando desde meses previos, del crédito de la banca comercial al sector privado. Es previsible que dicha tendencia se acentúe durante los próximos meses debido, entre otros factores, a los efectos de la crisis internacional sobre la disponibilidad y costo del crédito bancario interno, y a la percepción de un mayor nivel de riesgo asociado al crédito bancario. Es de esperase que en los próximos meses la perspectiva de condiciones crediticias más astringentes para el sector privado incida negativamente sobre la actividad económica.
Acciones implementadas en México
Los problemas que enfrenta en la actualidad la economía mexicana son muy diferentes de aquellos que la afectaron a mediados de los noventa.
Las dificultades recientes tienen su origen en el exterior, no en México; el marco macroeconómico se caracteriza por un déficit reducido de la cuenta corriente de la balanza de pagos, un tipo de cambio flexible, bajos niveles de endeudamiento público y privado, elevadas reservas internacionales y confianza en las políticas monetaria y fiscal. Por su parte, el sistema financiero se encuentra en una posición sólida y sujeto a esquemas adecuados de regulación y supervisión. No existen cuestionamientos sobre la transparencia y solidez de las estadísticas proporcionadas por el sector público.
Todo lo anterior ha permitido hacer frente a la crisis financiera internacional desde una posición de mayor fortaleza.
La mayoría de las acciones han estado dirigidas a preservar el buen funcionamiento de los mercados financieros.
Así, ante el fuerte incremento de la volatilidad en el mercado cambiario, durante octubre, la Comisión de Cambios adoptó varias medidas orientadas a aminorar la volatilidad y, gradualmente, restablecer un funcionamiento ordenado en ese mercado.
Por un lado, se puso nuevamente en marcha la subasta diaria de dólares a un tipo de cambio mínimo 2% superior a la cotización del día hábil inmediato anterior. La finalidad fue reducir la volatilidad en dicho mercado. El monto diario máximo a subastar se fijó en 400 millones de dólares. Hasta el 15 de diciembre, el total subastado a través de este mecanismo había sido de 4,132 millones de dólares.
Por otro lado, se llevaron a cabo subastas extraordinarias por 11,000 millones de dólares. El objetivo fue atender necesidades vinculadas con las operaciones con derivados y restablecer un funcionamiento ordenado en el mercado cambiario.
Hasta principios de diciembre, el total de divisas subastado se ubicó en 15,132 millones de dólares. No obstante las intervenciones realizadas en el mercado cambiario, al 11 de diciembre de 2008 las reservas internacionales del país sumaban 84.6 miles de millones de dólares, nivel por encima del observado a principios del año.
Las autoridades mexicanas también han tomado acciones orientadas a asegurar niveles adecuados de liquidez, como una medida preventiva para promover un buen funcionamiento de los mercados financieros y de los sistemas de pagos. En particular, como se mencionó con anterioridad, el Banco de México abrió una ventanilla adicional de liquidez para los bancos comerciales. Este mecanismo les permite tener financiamiento hasta por el monto que requieran en forma automática, siempre y cuando cada operación se encuentre respaldada por activos elegibles.
Asimismo, el 29 de octubre se anunció el acuerdo de la Reserva Federal, el Banco Central de Brasil, el Banco de México y la Autoridad Monetaria de Singapur, para establecer líneas de intercambio recíproco de monedas (swaps) a fin de asegurar condiciones adecuadas de liquidez en dólares. Este mecanismo le permite a México tener acceso a 30,000 millones de dólares de la Reserva Federal en caso de que lo requieran las condiciones de liquidez.
Otras acciones adoptadas por las autoridades mexicanas para enfrentar la crisis incluyen apoyos para el refinanciamiento de papel comercial, una menor emisión de instrumentos de largo plazo por el gobierno federal, la recompra por parte del Banco de México de instrumentos emitidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), un mecanismo de intercambio (swaps) de tasas de interés a través del Banco de México, el aumento del financiamiento del gobierno federal con organismos financieros multilaterales y la creación de una facilidad temporal para proveer de liquidez a las Sociedades de Inversión. Asimismo, se instrumentó un programa de recompra de bonos de largo plazo por parte de la Secretaría de Hacienda.
Además, con el fin de aliviar los efectos de la crisis sobre la planta productiva, el gobierno federal puso en marcha un programa para impulsar el crecimiento y el empleo. Si bien la incertidumbre no se ha disipado, el anterior conjunto de medidas ha permitido atenuar de manera importante el contagio de la crisis financiera internacional. Asimismo, se prevé que la continuidad de las políticas orientadas a mantener la estabilidad macroeconómica, así como la adopción de medidas para preservar la estabilidad del sistema financiero, permitirán superar las dificultades en un horizonte razonable.
Acciones por tomar
Han sido muchas las medidas que se han instrumentado para enfrentar la crisis financiera internacional. Además de las que se han puesto en marcha en Estados Unidos, las autoridades de varios países europeos y de otras regiones también han implementado acciones para enfrentar la crisis.
En general, éstas se han orientado a fortalecer la confianza del público en la capacidad de las instituciones financieras para cumplir con sus obligaciones y evitar que surjan problemas de liquidez y de solvencia.
Durante un periodo prolongado, las reacciones de política se basaron en respuestas individuales por parte de los países. Sin embargo, el deterioro de los mercados financieros hizo evidente que un enfoque caso por caso sería insuficiente para superar la crisis. De esta forma, las autoridades europeas y estadounidenses han anunciado diversas políticas orientadas a presentar una respuesta coordinada. En una primera etapa, estas medidas se orientaron a inducir una reducción conjunta de las tasas de los bancos centrales de varias economías avanzadas.4 Posteriormente, ante la necesidad de un enfoque integral, varios países europeos y Estados Unidos implementaron esfuerzos coordinados para asegurar niveles adecuados de liquidez en dólares, inyectar capital a sus bancos, incrementar la cobertura del seguro a los depósitos bancarios y garantizar deuda bancaria recién emitida. En una tercera etapa, tomando en cuenta el imperativo de una participación más activa de las economías emergentes en la solución de la crisis, se llevó a cabo una reunión cumbre del G-20 para impulsar la coordinación de políticas a nivel internacional. Sin duda, todas estas acciones han representado pasos en la dirección correcta.
Sin embargo, la necesidad de acrecentar los esfuerzos es evidente. Las circunstancias actuales sugieren la conveniencia de fortalecer los mecanismos de cooperación financiera internacional.
En épocas de estabilidad financiera los beneficios individuales de adoptar medidas de ese corte se perciben como pequeños para cada país. En cambio, en periodos de turbulencia financiera, como el actual, se valoran mucho más las ganancias que se derivan de la cooperación.
Desafortunadamente, no se ha podido diseñar una arquitectura financiera internacional que promueva acciones más activas de cooperación en épocas normales y la cual pudiera facilitar acciones rápidas y efectivas en épocas de crisis financieras.
Los esquemas actualmente en operación bajo la dirección del Fondo Monetario Internacional, el Banco de Pagos Internacionales, del G-20 y del Foro para la Estabilidad Financiera, entre otros, son muy valiosos, pero han probado ser insuficientes en coyunturas difíciles. En consecuencia, se requiere fortalecer los mecanismos de cooperación entre autoridades financieras a nivel mundial. La participación de las economías emergentes en el diseño e implementación de ese marco global de cooperación será fundamental.
ConclusionesDesde una perspectiva general, la crisis que ha aflorado en los mercados financieros internacionales refleja la necesidad de llevar a cabo un proceso de desapalancamiento a nivel global, que permita reducir el endeudamiento en la economía mundial a un nivel sostenible. La contrapartida de este proceso, además del episodio de turbulencia que estamos viviendo en la actualidad, será una disminución considerable de la tasa de expansión del gasto y, por tanto, del crecimiento económico global. Afortunadamente, México cuenta con fundamentos económicos sólidos para superar estos retos.
Lo anterior, aunado a las medidas que se han implementado para asegurar una operación adecuada del sistema financiero en un entorno particularmente difícil, permitirán hacer frente a la crisis financiera internacional de manera exitosa.
Una vez que se estabilicen las condiciones económicas mundiales, las autoridades mexicanas deberán concentrar sus esfuerzos en aumentar la tasa de crecimiento potencial de la economía y en mejorar los niveles de bienestar de la población.
Es preciso que veamos más allá de la presente coyuntura. Por ello, será necesario implementar medidas que permitan una asignación más eficiente de los recursos productivos. En particular, se debe asegurar que los incentivos que guían las decisiones de los agentes económicos estén orientados a elevar la competitividad y el crecimiento económico. El logro de esos fines requerirá, entre otros avances, de modificaciones al marco institucional que define los incentivos que enfrentan los agentes económicos para invertir, adoptar tecnologías de punta y utilizar prácticas laborales eficientes.
En cuanto al Banco de México, es claro que la principal contribución que puede hacer al crecimiento económico es mantener bien ancladas las expectativas de inflación y apegarse a su mandato constitucional de procurar la estabilidad de precios.
Las autoridades monetarias están conscientes de la gravedad de la coyuntura que se vive y de la intensificación de los riesgos a la baja para la actividad económica. Sin embargo, las presiones inflacionarias no han acabado de disiparse. Conforme a lo anticipado, el ritmo de crecimiento de los precios ha mantenido una trayectoria alcista durante el último trimestre de 2008. De todas formas, es previsible que se cumpla la trayectoria de la inflación visualizada por el Banco para 2009. El Banco de México seguirá vigilando la evolución del balance de riesgos con miras al cumplimiento de la meta de inflación de 3%, procurando al mismo tiempo contribuir a mitigar el impacto de la crisis financiera global sobre la economía mexicana.
[1] Nigel Lawson, ministro de Hacienda inglés de la época, introdujo este argumento en el debate público.
[ ]2 La privatización bancaria se llevó a cabo en un periodo corto y a precios relativamente altos. En retrospectiva, es evidente que debió haberse previsto un incremento sustancial de las reservas preventivas de los bancos.
[3] El crédito bancario al sector privado se redujo de un máximo de 42.8% del PIB en 1994 a 10.9% en 2005, aumentando a 15.5% en 2007. Por su parte, el cociente de M4 a PIB, después de alcanzar 50.9% en 1994, disminuyó a 43.9% en 2000 y aumentó a alrededor de 58.4% en 2007.
[4] El Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo, el Banco de Suecia y el Banco Nacional de Suiza.
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Guillermo Ortiz es el actual gobernador del Banco de México y fungió como secretario de Hacienda
